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LA CADENA DE CUSTODIA
EN EL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

Artículo publicado en el periódico FACETA JURIDICA, Editorial Leyer, Bogotá, Enero de 2005.

Por Juan Carlos Urazán Bautista *

I. La cadena de custodia es uno de los factores de autenticidad del elemento, pues éste es auténtico cuando ha sido detectado, fijado, recogido y embalado técnicamente, y sometido a las reglas de cadena de custodia (inc. 1, art. 277, N. C. P. P.).

Idiomáticamente, cadena es la continuidad de sucesos y, continuo es que dura, obra, se hace o se extiende ininterrumpidamente; custodia es acción y efecto de custodiar y, custodiar es guardar con cuidado y vigilancia. Esta no interrupción vigilante que significan las voces cadena de custodia, es una, no la única, de las condiciones que garantiza la autenticidad de los elementos.

La autenticidad del elemento constituye seguridad para la administración de justicia, pues ésta se desarrolla con fundamento en la realidad, no en medios de conocimiento que no reproducen ésta. De contera, es para los administrados una garantía de justicia.

Los legisladores que introdujeron la cadena de custodia en las codificaciones del proceso penal señalaron: “¿Qué es la cadena de custodia? Es un sistema fundamentado en el principio universal de la autenticidad de la evidencia (ley de la mismidad) que determina que lo <<mismo>> que se encontró en la escena es lo <<mismo>> que se está utilizando para tomar una decisión judicial”1.

La cadena de custodia, como factor de autenticidad del elemento, busca que éste sea concluyente en el juicio. El fiscal y su equipo deben estar atentos que las normas que la regulan se hayan cumplido, pues de lo contrario sucumbirán en el juicio,  pues queda el camino para que el adversario acabe sin dificultad el caso que aquél presenta. El defensor debe ser docto en la cadena de custodia para rebatir el caso que presenta el Fiscal y su equipo. El juez, debe ser amplio conocedor del tema, para determinar quién tiene la razón, si el fiscal que dice contar con la prueba de la acusación, porque se cumplió con la cadena de custodia, o si el defensor que dice no contarse con la prueba de cargo, porque no se cumplió con la cadena de custodia.

II.  La cadena de custodia es tema relativamente nuevo dentro de las codificaciones del proceso penal. Comenzó a ser tratado en el C. P. P. de 2000; se le amplió en el C. P. P. de 2004. Pero no es tema nuevo dentro del sistema legislativo nacional, pues antes del C. P. P. de 2000 existía legislación al respecto. En este sentido sea del caso señalar el Decreto 786 de abril 16 de 1990 “por el cual se reglamenta parcialmente el título IX de la ley 09 de 1979, en cuanto a la práctica de autopsias clínicas y médico-legales, así como viscerotomías y se dictan otras disposiciones”. El capítulo IV de esta legislación se denominó “DE LA CADENA DE CUSTODIA”, estando conformado de los artículos 10 al 14.

En cuanto a doctrina, ésta ha existido a través de los tiempos y sobre el tema es significativa la producción científica de los cuerpos de análisis y seguridad del Estado, en manuales, estudios fragmentarios, conferencias, informativos, boletines de circulación interna de las diferentes instituciones. Y, hecha la inclusión en las codificaciones del proceso penal es lo que hace la novedad del tema.

En el C. P. P. de 2000 el abogado hubo de interesarse obligatoriamente por la cadena de custodia y se iniciaron las apreciaciones científicas de los juristas en las obras de la materia sin querer decir que antes no se pudiera encontrar en uno que otro estudio del proceso penal. Con la notable ampliación normativa que trae el C. P. P. de 2004 es de esperar un profuso estudio de los doctrinantes del proceso penal; en otras palabras, ha dejado de ser un tema casi exclusivo de policía y ahora el jurista incursiona con toda su parafernalia intelectual, lo que esperamos redunde en provecho de la administración de justicia.

La cadena de custodia no es entonces sólo del C. P. P. de 2004, pues existía en el C. P. P. de 2000 y, antes de éste, en legislación complementaria. Se debe tener en cuenta que siempre en los Códigos de Procedimiento Penal se ha buscado proteger el elemento de prueba, pero que antes de las codificaciones mencionadas no se utilizaba en éstos los términos “cadena de custodia”, sino sencillamente se hablaba del cuidado del elemento.

El C. P. P. de 2004 es normativamente más amplio que el C. P. P. de 2000 al regular la cadena de custodia; éste destinó dos artículos (288 y 289) para el efecto, sin perjuicio de la referencia en otras normas; aquél destina trece artículos (254 a 266) para el efecto, sin perjuicio de la referencia en otras normas. Mirado de otra forma, la cadena de custodia en el Código Procesal Penal de 2000 se encuentra dentro de dieciséis artículos sobre disposiciones especiales de la prueba, y hoy ya, se le consagra a la cadena de custodia en el Nuevo Código de Procedimiento Penal por entero un capítulo.

Para conseguir un nuevo sistema no es suficiente hablar con superior espacio normativo de la cadena de custodia en un Nuevo Código de Procedimiento Penal, pues es necesario una logística, una infraestructura, para ello; cosas simples, pero definitivas, que el Estado provea, dote, de las cubiertas idóneas para realizar el embalaje resistentes al transporte y almacenamiento, que suministre los rótulos adecuados, que suministre correctos formatos para el registro de la cadena de custodia, que capacite al personal.

III.  La cadena de custodia no solo debe hacerse, sino que debe probarse. El formato de cadena de custodia prueba que se realizó y de ahí una de sus cardinales finalidades. Esto no es más que desarrollo del milenario apotegma, lo que no se prueba no existe; entonces, si no se prueba la cadena de custodia, ésta no existe. Los codificadores de 2000 expresaron: “No es suficiente el cumplimiento del principio, es necesario estar en capacidad de demostrarlo … Por ello es indispensable que el sistema esté compuesto por documentos y registros que permitan verificar la identidad y la condición de inalterabilidad del material probatorio, así como la continuidad e identificad de los custodios, el paradero de los objetos y las modificaciones que, en razón a los procedimientos, se hacen a los elementos”2. Igualmente los cuerpos de investigación del Estado han  señalado: “El funcionario de policía judicial debe concientizarse sobre la importancia de mantener una estricta y documentada cadena de custodia sobre cada uno de los elementos probatorios que sustentan una investigación, por cuanto no solo le brinda un soporte de seguridad a nivel personal, sino lo que es más importante proporciona certeza sobre la no adulteración o sustracción de los mismos”3.

IV. Los factores de cadena de custodia se consagran para establecer la historia fidedigna del elemento. Esta historia fidedigna es lo que otorga seguridad para las decisiones judiciales. Los factores de cadena de custodia son: Identidad, o sea que se trata del ‘mismo’ elemento; estado original, esto es, no ha sufrido modificaciones y, si las ha tenido, su registro;  condiciones de recolección, en otras palabras, forma como se incorpora el elemento; preservación, en otro giro, cómo se le ha mantenido; embalaje, léase para el efecto, contenedores y colocación del elemento en éstos; envío, es decir, transporte; lugares de permanencia; fechas de éstas, esto es, período; cambios que el custodio haya realizado, los que no siempre se dan, pero que se observan de acuerdo a la naturaleza del elemento y del análisis; nombre, identificación y cargo de la persona que ha tenido contacto con el elemento, para deducir la responsabilidad.

En cuanto a la identificación del custodio, precisamente el art. 264, N. C. P. P., fue uno de los que recibió corrección el mismo día de su expedición: “… CONSIDERANDO… Que en el artículo 264 de la Ley 906 de 2004 se incurrió en error gramatical en la expresión <<su cédula su ciudadanía>>, siendo la expresión correcta <<su cédula de ciudadanía>> … Corrígese el artículo 264 de la Ley 906 de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente: …” (Considerando No. 17; artículo 17, Decreto 2770 de 2004).

La cadena de custodia debe estar conformada por el menor número de custodios que se pueda: el menor número hace que el elemento se manipule menos; la menor manipulación hace que se exponga menos; al exponerse menos el elemento, se le está protegiendo, se le está defendiendo.

Los macroelementos son los objetos de gran tamaño, como naves, aeronaves, automotores, máquinas, grúas, similares. Estos macroelementos, en cuanto tales, no se pueden trasladar corpóreamente al proceso, por eso, se les sustituye por videos y fotografías. Por tanto, prudencia cuando se está ante los videos y fotografías de los elementos,  pues las innumerables circunstancias que inciden en el registro no puede pasar desapercibida en la búsqueda de la certeza; hablamos de la calidad del aparato, de las sombras, de las luces, del material con el que se hace el registro, del enfoque dado al lugar; y tampoco pasar desapercibida la tecnología de los tiempos que corren con los montajes de videos y fotografías, indetectables al ojo del humano.

V.  El sistema de cadena de custodia se reglamenta por el Fiscal General de la Nación. Se debe tener cuidado que este reglamento no traicione las bases legales de la cadena de custodia; esto es, que no sea un reglamento tan defectuoso que no cumpla con la razón de ser de la cadena de custodia. En efecto, la Fiscalía General de la Nación tiene la carga de la prueba de la acusación, entonces, que no se expida cualquier reglamento que de lugar a cumplir con la carga de la prueba de cargo de espalda a las bases normativas de la cadena de custodia en el Código de Procedimiento Penal.

El reglamento, en cuanto tal, debe estar ajustado a la normatividad del Código de Procedimiento Penal; que no se halle, entonces, vacíos que desnaturalicen la normatividad del Código de Procedimiento Penal, pero que faciliten la carga de la prueba a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Se debe tener en cuenta que la Fiscalía General de la Nación tiene la carga de la prueba de la acusación, que ésta prueba la debe llevar al juez bajo cadena de custodia y, que a aquélla se le autorizó para sub-legislarla, léase, reglamentarla. Lo anterior, para estar atentos al desarrollo normativo de este fundamental tema y la defensa no se deje obnubilar por una normatividad que es producida por su adversario, para cumplir con su labor. El proceso penal acusatorio es “adversarial”, entonces, son válidas estas consideraciones en el “adversario”, o sea, la defensa.

La Fiscalía General de la Nación tendría similares inquietudes si su adversario, esto es, la defensa, fuera quien reglamentara la cadena de custodia; aquélla se preocuparía porque el reglamento no fuera tan exigente, que le inutilizara toda prueba ante los jueces. Con todo, la cadena de custodia la reglamenta la acusación, no la defensa y, de suyo, ésta, entonces, se encuentra autorizada para velar que dicho reglamento no desnaturalice lo que es una cadena de custodia.

No estamos partiendo de la mala fe del adversario, pues sería contravenir la Constitución Política que enseña que debemos partir de la buena fe. Solamente estamos diciendo que el adversario de la defensa es quien reglamenta la cadena de custodia, que la condición de adversario en esas reglas dictadas por éste, no es algo que pueda pasar desapercibido, que la Fiscalía General de la Nación debe ser consciente de las falencias en detrimento de muchos connacionales y, por ende, no puede pretender credibilidad distinta a la que tiene.

Desaparecieron los siguientes artículos del Proyecto de Ley Estatutaria número 01 de 2003 – Cámara “por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal”: “Embalaje y rotulado” (art. 259 del Proyecto), “Contenido del rótulo” (art. 260 del Proyecto), “Los contenedores” (art. 270 del Proyecto), “Los rótulos” (art. 271 del Proyecto), “Rechazo” (art. 272 del Proyecto). Esta normatividad hablaba de particularidades en la custodia de los elementos, que están llamadas a ser desarrolladas en cuerpo diferente a un Código de Procedimiento Penal, no por intrascendentes, puesto que ellas son fundamentales, sino por la organización del sistema legislativo de una Nación, que para los tiempos que corren está en regulación complementaria.

Entonces, la cadena de custodia fue ampliamente reducida en lo que fue la normatividad propuesta, pues constaba de 18 artículos (259 al 276 del Proyecto). Esta reducción la explica el parágrafo, art. 254, N. C. P. P., que autoriza al Fiscal General de la Nación para reglamentarla. La normatividad de este parágrafo, no figuraba en la Propuesta del Proyecto de Ley Estatutaria 01 de 2003 – Cámara; por eso decimos que la reducción normativa la explica dicho parágrafo.

VI. Cuando la cadena de custodia se rompe el elemento queda expuesto a que sea sustituido, alterado, deteriorado, destruido, pues precisamente la cadena de custodia existe para protegerlo de tales avatares. Pero que se haya roto la cadena de custodia no significa que el elemento haya sido sustituido, alterado, deteriorado, destruido; se debe diferenciar, por ende, dos aspectos: que la cadena de custodia se rompió y que el elemento haya sido suplantado, alterado, deteriorado o destruido. Que la cadena de custodia se haya roto no significa lo segundo: puede ser, como puede no ser; el juez lo determinará, porque es quien evalúa la prueba. En otro giro, que la cadena de custodia se encuentre rota, no significa la inutilidad del elemento, toda vez que el juez evaluará la trascendencia de la ruptura y, de acuerdo a ello, decidirá lo que corresponda. Ninguna norma contempla la inutilidad de la prueba por ruptura de cadena de custodia; entonces, mal podría un juez excluirla de suyo. Que la cadena de custodia no siempre sea fatal en el mérito probatorio del elemento es trascendente para el encargado de la acusación, pues a la hora de la final su vida procesal no penderá siempre de la cadena de custodia.

Que la ruptura de la cadena de custodia no inutiliza, de suyo, el elemento, lo enseña la historia:

En el C. P. P. de 2000 precisamente uno de los criterios para la apreciación del dictamen consistía en el “sistema de cadena de custodia registrado”; la cadena de custodia era un factor a tener en cuenta para la evaluación del mérito probatorio del elemento, factor que lo podía demeritar o robustecer de acuerdo a todo un cúmulo de circunstancias de cada caso.

El maestro TIBERIO QUINTERO OSPINA escribe que la ruptura de la cadena de custodia no inutiliza, de suyo, el elemento: “… consideramos que sin llegar a la exageración de la legislación americana de rechazar el aseguramiento de la prueba cuando el funcionario no puede demostrar que ha mantenido la <<cadena de custodia>> o la <<sucesiva posesión>> de los elementos materiales de prueba, lo que se debe tener en cuenta es ante todo la individualización de lo que ha sido objeto del aseguramiento, por ejemplo, que el revólver que se decomisó en el teatro de los acontecimientos es el mismo que se exhibe en la audiencia pública y que fue objeto del examen técnico: que presenta la misma marca, el mismo calibre, los mismos desperfectos, etc.”4.

Bogotá, Enero 13 de 2005

* Director del Centro de Estudios de la Fundación Lux Mundi, Consultor de Derecho Procesal, Conferencista y Tratadista, autor de LECCIONES DE DERECHO PROCESAL PENAL, Tercera Edición, Editorial Leyer, Bogotá, 2.001; EL IN DUBIO PRO REO, Tercera Edición, Editorial Leyer, Bogotá, 2.001; LA INDAGATORIA , Tercera Edición, Editorial Leyer, Bogotá, 2.001; LAS NULIDADES PENALES, Editorial Leyer, Bogotá, 2.002; LA NOTITIA CRIMINIS , Editorial Leyer, Bogotá, 2.002; EL JUICIO, Editorial Leyer, Bogotá, 2.002; LA DEFENSA PENAL , Editorial Leyer, Bogotá, 2.003; LAS PRUEBAS PENALES, Editorial Leyer, Bogotá, 1.997; EL DERECHO PROCESAL PENAL EN COLOMBIA –Programa completo elaborado para Internet, de suscripción anual y de actualización diaria -, Centro de Estudios de la Fundación Lux Mundi, Bogotá, 2.003, www.fundacionluxmundi.com; DERECHO PROCESAL CIVIL, Tomo I, Parte General, Segunda Edición, Editorial Leyer, Bogotá, 1.997; DERECHO PROCESAL CIVIL, Tomo II, Parte Especial, Editorial Leyer, Bogotá, 1.997; DERECHO PROBATORIO CIVIL, Editorial Leyer, Bogotá, 1.997; LOS RECURSOS EN EL DERECHO PROCESAL CIVIL, Editorial Leyer, Bogotá, 1.998; LAS NOTIFICACIONES EN EL DERECHO PROCESAL CIVIL, Tercera Edición, Editorial Leyer, Bogotá, 1.997; EL DERECHO PROCESAL CIVIL EN COLOMBIA - Programa completo elaborado para Internet, de suscripción anual y de actualización diaria-, Centro de Estudios de la Fundación Lux Mundi, Bogotá, 2.003, www.fundacionluxmundi.com.Volver

NOTAS BIBLIOGRAFICAS:

  1. Ponencia para Primer Debate en Comisión Primera de la Cámara del Proyecto de Ley 155 de 1998 – Cámara, 042 de 1998 –Senado, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Volver
  2. Ibídem. Volver
  3. República de Colombia, Policía Judicial, MANUAL SOBRE MANEJO INVESTIGATIVO DEL LUGAR DE LOS HECHOS, Grafimpresos Ltda., Bogotá 1997, p. 77. Volver
  4. QUINTERO OSPINA, Tiberio, LECCIONES DE PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO, T. II, Librería Jurídicas Wilches, Bogotá, 1988, p. 134. Volver

 

 
 

 

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